Ya todos parecen estar de acuerdo en que la “creatividad contable” ha causado mucho más daño a la economía que los atentados terroristas. Cuando los inversionistas pierden confianza en la veracidad de los resultados financieros reportados por las empresas públicas (aquellas cuyas acciones se transan públicamente), la reacción lógica es vender las acciones y comprar bonos, certificados de depósito, oro o cualquier otro instrumento de poco riesgo.
La pérdida de confianza, en esta ocasión, se vio agravada por casos en que los auditores no solo no detectaron el fraude, sino que, al parecer, ayudaron a cometerlo. Amigos norteamericanos comentaban que los altos ejecutivos deben ir a la cárcel y los auditores al sótano de la misma cárcel. No tengo motivo para creer que la justicia no va a prevalecer, pero el daño está hecho, numerosos inversionistas han perdido mucho dinero (incluyendo, en cantidad de casos, la pensión). Va a costar devolver la confianza al inversionista. Los auditores deberán dar un paso al frente, reformar sus prácticas profesionales de manera que no exista ninguna posible fuente de potenciales conflictos de intereses, y su probidad se vuelva a establecer sin dudas ni sospechas.
Enorme responsabilidad. Las autoridades económicas de EE. UU. han hecho todo lo posible por demostrar que, si bien el mercado de valores está enfermo (sufre de desconfianza), la economía está saludable. Lo que no está del todo claro es cómo podrá volver al camino del crecimiento una economía cuyo principal motor está “pistoneando” (en el mejor de los casos). No creo que sea posible sobrestimar la importancia de la labor que deben desempeñar los auditores para rescatar la economía, ni la enormidad de la responsabilidad que recae sobre sus hombros.
Ahora bien, algunos podrían pensar que en Costa Rica estamos a salvo de todo esto, ya que aquí el mercado de valores casi no existe (hay apenas como 15 empresas cuyos valores se transan públicamente; de hecho, hay días en que no se da ninguna transacción de acciones en bolsa). Este pensamiento padece de una falacia importante. En Costa Rica, nos guste o no, todos somos accionistas. Todos somos los dueños de la compañía de teléfonos, de electricidad, de los dos bancos más grandes, de la refinadora y distribuidora de petróleo, de la compañía de seguros, de la operadora de servicios de Internet, sin contar todos los servicios estatales.
Desconfianza. Es muy probable que sea la misma falta de confianza en los estados financieros y operativos de todas estas compañías lo que ha agravado nuestro principal problema: el déficit fiscal. El costarricense no tiene confianza en que sus impuestos sean bien invertidos, en que no haya despilfarro, en que no haya corrupción, en que no haya compadrazgos, en que no haya favorecimientos políticos; en fin, que las ingentes sumas que gastan el Estado y sus instituciones se traduzcan en bienestar para el pueblo.
En Costa Rica también necesitamos que nos ayuden los auditores. Ellos son la primera línea de defensa, la Contraloría General de la República debería ser el último recurso. Los auditores deben elevar su perfil, deben ser más proactivos, deben contar con los recursos necesarios para devolver la confianza a los ciudadanos (los “accionistas” de todas las empresas del Estado), deben echar mano de todas las tecnologías modernas que apoyen la implementación de transparencia y eficiencia.
A la fecha no conozco nada más transparente y eficiente que el comercio electrónico. En Costa Rica intentamos introducir el comercio electrónico en 1989. Si bien es cierto que el contar con la tecnología equivocada no nos ayudó, también es cierto que ha habido durante todos estos años una resistencia silenciosa pero efectiva. Ya es hora de que la transparencia y la eficiencia sean impulsadas no por la tecnología, sino por la necesidad de devolver la confianza a los ciudadanos, por la necesidad de erradicar la corrupción. No se me ocurre nadie mejor para esto que los auditores.
Artículo publicado en el periódico La Nación
