Es muy difícil, hoy, encontrar un país que no tenga una o más iniciativas de gobierno digital (e-government). La razón es clara: cuándo un Gobierno ofrece sus servicios por medios digitales, no solo reduce sus costos a una fracción de los actuales, sino también mejora enormemente la calidad de los servicios (por ejemplo, se acaban las filas). No es sorprendente, por lo tanto, enterarnos de que en algunos países (como Gran Bretaña) incluso han definido fechas firmes para las que todos los servicios estatales deberán ofrecerse por medios electrónicos (en el caso de Gran Bretaña, para el 2005).
En Costa Rica, debido al tamaño relativo del Gobierno (aquí no solo incluye impuestos, permisos, licencias y trámites en general, sino también telefonía, electricidad, seguros, banca riesgo cero, gasolina, etc.), la importancia, el impacto y la urgencia del Gobierno digital son mucho mayores. En Costa Rica hay varias iniciativas importantes de gobierno digital que se iniciaron en la administración pasada, las cuales, por diversas razones, no han avanzado al ritmo deseado.
Servicios electrónicos. En general, sin embargo, me parece justo concluir que en el Gobierno, y en la sociedad en general, está muy claro qué es lo que hay que hacer (ofrecer servicios estatales por medios electrónicos para que sean utilizados por los ciudadanos desde una computadora o un teléfono); lo que no está del todo claro es cómo. ¿Será lo mejor crear un solo portal estatal y obligar a todos lo que deseen utilizar los servicios electrónicos a hacerlo en ese portal?, o ¿debería crearse un portal estatal sin contenido más que ligas a los portales de cada institución?, o ¿deberá hacerse una licitación gigantesca que otorgue un contrato de largo plazo a un operador privado?.
Tal vez la pregunta más importante no sea una de las anteriores, sino esta: ¿cómo garantizar la máxima accesibilidad y flexibilidad, con la mayor integridad técnica de los servicios, sin dar ventaja (dependencia técnica) a ninguna empresa privada que quiera integrar dichos servicios con los suyos o de terceros? La respuesta es bastante obvia: estándares de la industria, en este caso la clave está en el estándar llamado Web Services (servicios web). Este estándar es apoyado por todas las grandes empresas tecnológicas de nuestra era (IBM, Microsoft, Oracle, Sun, Unisys, etc.).
Web Services es en realidad un conjunto de tres protocolos utilizados para definir, publicar e invocar procedimientos (métodos) remotos. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda podría publicar un Web Service para pagar impuesto de ventas. Este servicio podría ser utilizado por todos los bancos para ofrecer a sus clientes el servicio de pago de impuestos sin tener que ir a ningún lado. De esta manera el Ministerio de Hacienda reduce la complejidad de su sistema (solamente tiene que mantener un procedimiento para efectuar el pago, sin importar si es en ventanilla, por teléfono o desde Internet), ningún banco tiene ventaja indebida, y todos los contribuyentes podrían escoger libremente cómo y cuándo realizar sus pagos.
Sin restricciones. A mi parecer, el Gobierno debería insistir en que todos los ministerios e instituciones "publiquen" sus principales servicios como Web Services. De esta manera, las empresas privadas que quieran ofrecer servicios de valor agregado que incluyen (o integran) servicios de ministerios o instituciones lo podrán hacer sin ninguna restricción. Incluso los usuarios finales que quieran tener su propio portal (en el que se concentran todos sus servicios de interés) lo podrán hacer también sin restricción alguna.
El Gobierno debería tener mucho cuidado de no permitir que empresas privadas construyan interfases propietarias (aunque estén basadas en protocolos públicos como el XML) ya que esto otorga una ventaja indebida a las empresas que tengan dichas interfases. Hay que tener claro que, en sus primera fase, el gobierno digital no es más que una serie de interfases modernas a sistemas ya existentes (las siguientes fases del gobierno digital serán tema de otro artículo). Si no se ofrecen las interfases a usuarios e intermediarios, se restringiría indebidamente la proliferación del propósito. Si se permite la construcción de interfases privadas, se estaría dando una ventaja indebida a los usuarios de dichas interfases.
El gobierno digital no debe ser ni un portal gigante ni una colección de ligas. El gobierno digital consiste únicamente en exponer los servicios estatales por medio de Web Services, con las medidas de seguridad del caso, de manera que puedan ser utilizadas por igual desde el portal de la institución, desde el portal estatal, o desde cualquier portal privado con la debida autorización. Este es otro caso en el que la solución más sencilla es también la más efectiva.
Artículo publicado en el periódico La Nación
