Por lo general los mortales nos sentimos felices de tener alternativas. Con frecuencia oímos hablar del derecho y de la libertad de escoger (“freedom of choice”) en relación con los mercados de múltiples proveedores (ausencia del monopolio). En los regímenes totalitarios y/o monopolísticos, los pobres mortales ciertamente añoran el derecho y la libertad de escoger.
Derecho. En regímenes democráticos con economías competitivas, donde ya tenemos el derecho y la libertad de escoger, debemos llevar ese derecho y esa libertad hasta el límite y convertirlo en una necesidad. La necesidad de escoger significa que dejamos de seguir, año tras año, haciendo lo mismo sin evaluar alternativas.
La necesidad de escoger significa que no podemos dormirnos en los laureles, significa que debemos constantemente estar estudiando y evaluando nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, significa una drástica reducción en el desperdicio ocasionado por la obsolescencia (ya que los artefactos obsoletos deben ser reemplazados tan pronto como se torna rentable su reemplazo, y no muchos años después, como suele suceder).
Obligación. Esta necesidad que propongo es una obligación moral que tenemos todos, que debemos identificar y sobre la que debemos actuar de manera consciente y explícita. En el caso del Gobierno y sus instituciones, esta obligación debería ser, además, legal. Con esto quiero decir que debería ser (o tal vez ya lo es) ilegal para el sector público perpetuar la obsolescencia de sus artefactos tecnológicos mediante contrataciones (la mayoría sin concurso) para el mantenimiento y/o ampliación de equipos y sistemas obsoletos.
La obligación de escoger sugiere que todas las instituciones deben evaluar y escoger, todos los años, entre seguir igual o elegir otras alternativas. Es central a esta idea el hecho de que siempre hay alternativas. No es cierto que una institución esté obligada a adquirir cualquier tecnología a un proveedor determinado. Lo que puede ser cierto es que las barreras de salida que ha construido el proveedor (vendiendo tecnologías propietarias que no se ajustan a estándares de la industria) en cierto momento signifiquen que a la institución le resulta más rentable seguir con ese proveedor.
Tecnología abierta. Ahora bien, la evaluación financiera para decidir si seguir igual o cambiar debe hacerse considerando todos los costos asociados a esa tecnología durante los próximos 3 a 5 años. De manera que únicamente sea posible para una institución seguir gastando dineros de los contribuyentes en tecnologías propietarias en el caso en que cambiar a tecnologías abiertas implique un gasto mayor en los próximos 5 años.
Para mí, todo esto tiene mucho sentido; el problema es que seguir igual es muy fácil. No solo tiene cierta dificultad la evaluación que se debe realizar, sino también (y tal vez más importante) la Ley de contratación administrativa, de una manera un tanto perversa, atenta contra la obligación de escoger, ya que es mucho más fácil y expedito justificar una compra directa aduciendo “proveedor único” que hacer un concurso para adquirir tecnologías abiertas
Artículo publicado en el periódico La Nación
