Cuando una inversión de capital condiciona compras y gastos futuros, el comprador termina pagando demasiado y, frecuentemente, con un producto o servicio inferior al que podría haber adquirido en un mercado abierto.
No puedo imaginar a alguien comprando, digamos, un sistema eléctrico para su casa que obligue a comprar a un proveedor único todos los bombillos, mientras viva en esa casa (decenas de años). Sin embargo, esa misma situación se presenta a diario, sobre todo en el Gobierno y sus instituciones.
Si bien la Constitución nos obliga a los ciudadanos a comprar toda suerte de servicios (teléfonos, agua, electricidad, seguros, banca sin riesgo para el depositante, combustibles, etc.) a un proveedor único, esas relaciones cliente-proveedor están legalmente reguladas (por ejemplo, el precio está garantizado que será al costo). Las relaciones cliente-proveedor en que el proveedor es una compañía multinacional que vende tecnologías propietarias (incompatibles con las tecnologías abiertas) y el cliente una institución pública, no están reguladas y, por consiguiente, el cliente lleva todas las de perder.
Excepción. Lastimosamente, la Ley de contratación administrativa provee una excepción al concurso, debido a "proveedor único". En las tecnologías donde hay estándares de la industria, esto es a todas luces inapropiado, inconveniente y una fuente de malas prácticas, ya que no es cierto que no haya alternativas. Puede ser que las alternativas sean más caras en el corto plazo, pero un proveedor sin competencia goza en efecto de una perpetuidad, cualquier cantidad a pagar hoy es siempre menor que una perpetuidad.
Además, el mundo cambia. Las tecnologías, los productos y los servicios son cada vez más estándar. El futuro se basará, claramente, en estándares de la industria y el derecho a escoger será cada vez más importante y mejor defendido. Constantemente aparecen nuevas opciones para convertir las tecnologías propietarias en tecnologías abiertas (en las que siempre hay muchos proveedores).
Amarras. En el caso de sistemas de computación, las tecnologías propietarias han amarrado a las instituciones a un proveedor único (durante décadas) y están además totalmente obsoletas (ya nadie invierte en desarrollarlas). Las tecnologías propietarias y obsoletas representan costos de operación excesivos y sirven de lastre que evita que las instituciones mejoren el servicio a los clientes.
La libertad de escoger hoy y en el futuro debe ser un derrotero estratégico para las instituciones conscientes en buscar el menor costo (usualmente en un orden de magnitud), y la mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, de mercado y de negocios.
Artículo publicado en el periódico La Nación
