Una enseñanza de la pandemia es la necesidad de redefinir qué significa banda ancha. Para que una conexión merezca ser llamada de esa manera debe permitir el estudio y el trabajo remotos.
El país tiene casi un millón de conexiones mal llamadas de banda ancha porque la gran mayoría si acaso llegan a 10 Mbps de bajada y, con suerte, a 2 Mbps de subida.
Eso se debe a que, a pesar de una eficiente red de transporte (aproximadamente 35.000 kilómetros de fibra óptica), que ha lidiado satisfactoriamente con el aumento del tráfico que trajo la pandemia, la red de acceso está prácticamente obsoleta.
La red de acceso es el último alambre que llega a los hogares, centros de estudio y oficinas. Cerca de 800.000 son de cobre y coaxial. Solo unos 200.000 son de fibra óptica.
Para lograrlo, será necesario proveer de fibra óptica cerca de 1,5 millones de lugares, para lo cual serán necesarios inversión en infraestructura y órdenes de magnitud menor que la requerida en infraestructura vial para producir un impacto rápido y profundo en el desarrollo del país.
El monto de la adquisición dependerá de muchas variables: de si la fibra se instala en postes (sin problemas con los dueños de los postes); de si se sigue una estrategia no discriminatoria, es decir, fibra en todas partes; y de si se utiliza mano de obra local entrenada para el proyecto. El costo podría rondar los $350 por conexión.
Solicitar un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al Banco Mundial, luego buscar la aprobación de la la Asamblea Legislativa para después sacar la construcción y operación de la red de acceso a concurso público, sin duda tomará años.
Posibilidades para acelerar el paso
Otra alternativa sería que el gobierno asuma el desarrollo de esta infraestructura digital, que lleve a un inversionista privado a redactar los términos de referencia para que, utilizando la figura de concesión por iniciativa privada, licite el proyecto de construcción y operación de la red. Sería una vía más rápida, pero no por mucho.
Una tercera alternativa es que el operador estatal que mantuvo el monopolio de la telefonía fija, y que está actualmente perdiendo miles de millones de dólares anuales manteniendo una red de cobre y centrales de conmutación de circuitos (ambos obsoletos), construya la red para deshacerse de la telefonía fija.
Esta parece ser la forma más expedita y además corrige el despropósito cometido al concederle el monopolio de algo que iba a estar desfasado a muy corto plazo (la telefonía fija probablemente ya estaba caduca cuando se dio la negociación).
Ya sea que el operador estatal consiga financiamiento (contra los ahorros y nuevos ingresos que la red generará) o que un aliado estratégico construya la red, el arranque se produciría rápidamente.
Lo más difícil de conseguir, si el Estado se decanta por esta tercera alternativa, quizás sea el acuerdo de ofrecer la red en las mismas condiciones a todos los proveedores del servicio.
Telefónicas de acuerdo
Es necesario el consenso para que las conexiones de coaxial instaladas inicialmente por proveedores de servicio de televisión pagada sean desechadas y, en su lugar, ofrecezcan servicios utilizando la misma red de acceso, terminado así con la duplicación de infraestructura que hemos estado sufriendo, la cual, obviamente encarece los costos de todos.
