Coadministrar no solo es una mala práctica, también es mala idea. Un principio básico de gobernabilidad es que cada instancia tome las decisiones que le incumben y no interfiera con las demás. Cuanto más grande y compleja la organización, más importante es la gobernabilidad. Las prácticas de coadministración no solo atentan contra la gobernabilidad, sino también –y más importante– contra la probidad.
Ejemplos de coadministración abundan, incluso hay ejemplos en los que dicha interferencia no ha sido nefasta. Dichos ejemplos, obviamente, no legitimizan la práctica, sino que atestan de la buena fe, honradez y, sobre todo, suerte de quienes la ejercieron. Los ejemplos contrarios son, sin embargo, mucho más abundantes. Basta estudiar los casos recientes de malos manejos en la administración pública para constatar que en muchos de esos casos las juntas directivas, en lugar de dirigir, estaban coadministrando. También hemos visto casos de coadministración entre los gremios de trabajadores y los legítimamente encargados, casi obligados por la patológica falta de ejecutividad que sufrió el país en el pasado reciente.
La honradez de los directivos no es, ni por mucho, justificación para la coadministración, ya que esta no solo es caldo de cultivo para la corrupción, sino que también resulta una práctica que le impide a la administración administrar. La coadministración es un serio obstáculo para la administración; en el mejor de los casos, es fuente de ineficiencia e ineficacia.
Reuniones. Una clara señal de coadministración es una junta directiva que se reúne todas las semanas de forma ordinaria, como lo hacen todavía en una gran cantidad de instituciones públicas de este país. Creo que la mayoría lo hace solo por costumbre (porque siempre se ha hecho); en algunos casos, hay leyes o reglamentos que los obligan a ver gran cantidad de asuntos sin consecuencia. Yo dudo mucho que sea más fácil seguir viendo esos asuntos que cambiar lo que haya que cambiar para dejar de coadministrar. Por algo será que en las empresas privadas las junta directivas nunca se reúnen con tanta frecuencia.
Las directivas tienen el deber de dirigir, de decidir todos los asuntos estratégicos, de establecer los controles necesarios y de pedir cuentas a la administración. Reuniones semanales en las que se discuten adjudicaciones de compras de toda clase de cosas, nombramientos en puestos no estratégicos, viajes al exterior de gente que los directivos no conocen, y asuntos como el espacio de parqueo de clientes y empleados no solo son un claro ejemplo de coadministración, sino también una pérdida de tiempo. La administración, por su lado, se ve obligada a prepararse y a participar en dichas reuniones con la consecuente pérdida de tiempo, eficiencia y eficacia.
Los miembros de una junta directiva tienen, como principal función, defender los intereses de los accionistas y, por lo tanto, deben rendirles cuentas. En el caso de las instituciones públicas, si bien no son nombrados por una asamblea de accionistas, sino por sus representantes (el Poder Ejecutivo), los directivos estamos ahí precisamente para defender los intereses de todos los ciudadanos (que son, a fin de cuentas, le duela a quien le duela, los dueños).
Importantes avances. El Consejo Directivo del ICE recientemente ha logrado importantes avances para erradicar la práctica de la coadministración. Se ha creado una Junta de Adquisiciones en la que miembros de la administración, de manera colegiada y con un claro reglamento, deciden casi todas las compras y donaciones de la institución (las cuales se publican, cada vez con más detalle, en Internet). Hemos decidido reunirnos mensualmente para darle espacio a la administración para que administre y para hacer las sesiones del Consejo más formales y eficaces (eliminando casi por completo las prórrogas, las cuales se habían vuelto habituales, entre otros beneficios).
Adicionalmente, para evitar otras posibles maneras de coadministrar, hemos decidido interactuar con la administración únicamente durante las sesiones. El Consejo Directivo debe buscar proactivamente los asuntos estratégicos, la costumbre anterior era atiborrar al Consejo de asuntos sin consecuencia, lo que hacía imposible ver los asuntos estratégicos (la imaginación, aquí, es una seria limitación para descubrir la motivación).
Desafortunadamente, los recientes acuerdos del Consejo Directivo tendientes a erradicar la coadministración no han sido unánimes.
En el Consejo hay un disidente, quien, según sus propias palabras, está ahí en representación de un reducido grupo de ciudadanos, un gremio, que, como todos los gremios, tiene intereses particulares que, por lo tanto, no siempre son compatibles con los intereses de los dueños de la institución. Los otros seis directivos estamos ahí en representación de todos los costarricenses.
Artículo publicado en el periódico La Nación
