Lidiamos con la cuarta revolución industrial sin contar con la infraestructura que debimos haber desarrollado durante la tercera. La llamada supercarretera de la información es conexión de banda muy ancha, tanto de subida como de bajada, porque resulta que ya no somos solo consumidores de información, sino también productores.
El último dato que tengo es de 33.000 kilómetros de fibra óptica desplegados en el país. Parece suficiente, pero, siguiendo la analogía, la carretera nos pasa frente a la casa (negocio, oficina o centro educativo) y tenemos un trillo para llegar a ella.
Lo anterior, obviamente, produce enormes cuellos de botella en la entrada y salida de la carretera. La red de acceso con la cual contamos es del tiempo de antes (cobre y coaxial), que solo ofrece velocidades lentas y asimétricas (todavía más lenta de subida).
Cómo sobrevivir la cuarta revolución industrial es un asunto complejo. En todas las revoluciones se registran muertos y heridos. Las bajas se van a dar en lo personal: puestos de trabajo desaparecerán; y en lo empresarial: empresas dejarán el mercado por no modernizarse lo suficientemente rápido.
El sector industrial verá cómo compañías desaparecerán del planeta —como les pasó a los fabricantes de chilillos para azuzar a los caballos de carretón— y los países deberán combatir brechas que se ensancharán exponencialmente hasta volver irrelevantes a quienes quedan en el lado equivocado de la economía.
Houston, tenemos un problema
Si a la pregunta cómo sobrevivir la cuarta revolución industrial le agregamos cómo prosperar en dicha revolución, tenemos un problema monumental, con variables económicas, políticas y tecnológicas. Ciertamente, una dificultad valiosa, que amerita la dedicación del mejor talento joven disponible. A mí me encantaría construir un simulador solo para entender el problema, pero ese es otro cuento.
Desde dondequiera que se vea, es imposible sobrevivir sin la supercarretera de la información. Sin buena conexión, no podemos desplegar inteligencia artificial en gran escala, no podemos enlazar todo a la Internet de las cosas —para, por ejemplo, dotar de inteligencia la red eléctrica o incursionar en la agricultura de precisión—. Tampoco haremos de la videoconferencia una buena alternativa a las reuniones presenciales, ni podremos desplegar sistemas de vigilancia a distancia.
La robótica, el blockchain, el análisis de grandes cantidades de datos (big data), la educación remota, la genética y hasta la energía solar necesitan conexión adecuada. La probabilidad de que la próxima tecnología disruptiva requiera capacidad de conectarse y hacer conexiones es cien por ciento seguro. Sin conectividad de banda muy ancha, es imposible siquiera pensar en cómo aprovechar la cuarta revolución industrial, es decir, estamos fritos.
Última milla
El ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno pasado calculó que se necesita una red de acceso de 1,4 millones de conexiones a los hogares, talleres, oficinas, etc. Básicamente se planteó que donde haya un medidor de luz debe haber una conexión de fibra óptica.
Estas conexiones son las llamadas “última milla”, que, en nuestro caso, y ciertamente en la Gran Área Metropolitana, son las “últimas 100 varas”. El costo de construcción de esa red de acceso oscila entre $500 y $600 cada conexión. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, lo cual en el mundo de la infraestructura vial no se considera exorbitante, pero, dada la situación fiscal y el tamaño de la deuda externa, no es viable a corto plazo pedir a los contribuyentes financiarla, aunque sea urgente.
Me parece difícil que el gobierno, pese a las consecuencias negativas de no hacerlo y a los esfuerzos del actual ministro Luis Adrián Salazar, priorice la carretera de la información sobre cualquier otra, de asfalto o concreto, que tanta falta nos están haciendo.
Pero hay por lo menos dos buenas noticias. La primera es que la concesión de obra pública permite construir y operar la red sin endeudar más al país y la segunda es que el tiempo para hacer la obra es mucho menor que el necesario para las de concreto y asfalto (menos de dos años).
La fibra óptica tiene una vida útil de 30 años, por lo cual es perfectamente factible dar la concesión por un período largo que permita amortizar la inversión del concesionario sin aumentar el costo de conectarnos. Incluso la figura propuesta ofrece oportunidades para reducir las tarifas de conexión.
Proyecto
Debe haber muchas maneras de armar el proyecto. Se me ocurre que el concesionario diseñe un cronograma de construcción para ir en orden conectando hogares, oficinas, etc.
Una vez instalada la fibra óptica en una localidad, y dependiendo de la oferta de servicios en la ubicación geográfica, se conecta el otro extremo a un switch para que el usuario final escoja a sus proveedores de servicio de manera independiente.
Los servicios por ofrecer sobre esta infraestructura solo están limitados por la imaginación. Además de Internet, está el de televisión, de videoconferencia local — sin utilizar el cable submarino y, por lo tanto, mucho más barato— .
La labor de videovigilancia, por ejemplo, servirá en los hogares o el comercio. No habrá personas viendo monitores, sino software en la nube programado gráficamente por los mismos usuarios.
Como resultado, el cliente escoge muchos servicios sobre la misma infraestructura y también a los proveedores, con la posibilidad de cambiar de manera rápida si la empresa no cumple sus expectativas —como sucede hoy con la telefonía celular y las pensiones complementarias, en los que el costo de cambiar es muy bajo, lo cual reduce la tarifa por el simple efecto de la competencia—.
El concesionario de la red cobra un peaje por usuario por servicio al mes, por ejemplo, $1, cuanto más rápido conecte, más rápido cobra. Como la carretera será del Estado, este deberá indicar en qué orden deberán producirse las conexiones, pues a los usuarios más lejanos la red les brinda más beneficios, pero esos son también los más difíciles de conectar.
A usuarios de bajos ingresos, Fonatel deberá subvencionarlos, no solo el peaje del concesionario, sino también el costo de los servicios básicos (¿Internet y videoconferencia?).
Obviamente, faltan muchos detalles, pero con gusto propongo la idea para que quienes saben de telecomunicaciones y conocen la ley de concesiones la conviertan en proyecto.
Artículo publicado en el periódico La Nación
