El costo de realizar transacciones es, sin duda, un factor determinante en la competitividad de un país. En Costa Rica hay muchas transacciones muy caras. Recientemente, Luis Mesalles, en su columna semanal “Letras de cambio”, relató el viacrucis requerido para abrir una cuenta bancaria, una transacción excesivamente cara, y, como esa, hay demasiadas para enumerar.
Los costos asociados a la solicitud de certificados y constancias de papel son enormes. Como lo relató Mesalles, la gente va y viene varias veces, la fecha no es la correcta, la firma no es muy legible, le falta el sello…, ah, y hay que traer otro documento que no le habían mencionado antes. Es de nunca acabar y, por supuesto, carece de sentido.
Bases de datos. Casi todas las empresas e instituciones tienen sus registros en sistemas digitales, pero todas solicitan certificaciones y constancias de papel. Todas mantienen bases de datos muy parecidas, multiplicando los esfuerzos muchas veces. Lo que brilla por su casi total ausencia es la integración de sistemas. Los sistemas no se comunican unos con otros, no intercambian información, lo cual obliga a un enorme esfuerzo, muchas veces multiplicado.
¿Por qué debe (o puede) un banco o una institución solicitar constancia (o ¿es certificación?) de la Tributación o de la CCSS, si los sistemas son totalmente capaces de conectarse y verificar lo que haya que verificar? Ya el Gobierno Digital ha implementado varios sistemas que se integran con diversas instituciones (las que se dejan), demostrando que es totalmente factible. Solo requiere voluntad.
Claro que también es válido preguntarse por qué se han diseñado semejantes procesos tan engorrosos. La respuesta, me temo, la podemos ver en transacciones como las de los accidentes de tránsito, en los cuales –no importa cuán pequeño sea el accidente– es obligación producir una presa y causar un serio atraso a cientos o miles de personas inocentes. El costo es enorme y proviene de la desconfianza. Todos somos un atajo de ladrones que queremos hacerles daño a las aseguradoras. Los comercios que tienen personal a la entrada y/o la salida para revisar bolsos y carritos de compra no solo incurren en el costo del personal extra, sino que también atrasan e incomodan a los clientes, que, obviamente, son sospechosos de fechorías inmencionables
Desconfianza. El motivo de las innumerables constancias y certificaciones es el mismo: desconfianza. Si los conductores fueran obligados a mover el automóvil y ponerse de acuerdo entre ellos y sus aseguradoras, los ahorros para el país serían enormes. Si se redujera drásticamente (un 80%) las solicitudes de constancias y certificaciones, también ahorraríamos cantidades significativas.
Resulta curioso que, a pesar de tener un sistema de transferencias electrónicas de clase mundial, en Costa Rica el 90% de las transacciones financieras son en efectivo. Eso le cuesta, solo a los bancos, $500 millones al año. Evidentemente, hay motivos para no querer utilizar sistemas de intercambio de dinero, que son muchas veces más baratos que el uso de efectivo. Antes se esgrimía la excusa de las comisiones que cobran por las transacciones con tarjetas, y la de la facilidad de uso del efectivo. Ambas excusas desaparecen con el advenimiento de los monederos electrónicos en el teléfono, pero el uso del efectivo persiste.
Casi todas las transacciones financieras digitales (a diferencia del efectivo) dejan un rastro. Obviamente, las transacciones financieras ilícitas nunca van a utilizar medios de pago que dejen huella o rastro. Pero la gran mayoría de las transacciones en efectivo son perfectamente legales y, a pesar de ser muchas veces más caras que las digitales, se siguen utilizando.
Es muy probable que, con el tiempo, se vaya diluyendo la resistencia a dejar el efectivo, pero también es posible que la falta de confianza en nuestra cultura nos haga incurrir en un atraso que se traduce en costos excesivos. Para dejar de utilizar efectivo necesitamos confiar en que el rastro digital será bien resguardado y nunca será utilizado para violentar nuestra privacidad e intimidad.
Costos excesivos. La falta de confianza nos lleva, rutinariamente, a incurrir en costos excesivos. Hacemos presas enormes (con un costo desmedido) en las calles y carreteras porque no confiamos en la capacidad de los individuos, y sus aseguradoras, de solucionar posibles conflictos generados por un accidente de tránsito. Diseñamos trámites supercomplejos y costosos, con innumerables constancias y certificaciones, porque no confiamos en los individuos que quieren realizar un trámite. Insistimos en utilizar efectivo e incurrimos en el costo de hacerlo, pues no confiamos en la utilización del rastro del dinero digital.
Para reducir los costos transaccionales, y ser más competitivos, debemos combatir la desconfianza. La transparencia es enemiga de la desconfianza.
Artículo publicado en el periódico La Nación