La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagra a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Las leyes de libertad de prensa se sustentan en ese principio.
La Ley de Radio, Nº 1.758, data de 1954 y requiere ser actualizada, a la luz de los adelantos tecnológicos en telecomunicaciones, los avances culturales y artísticos, el progreso científico, el crecimiento de la población, las nuevas condiciones de competencia en el mercado y la participación del país en la economía global.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha divulgado un borrador del proyecto de Ley de Radio y Televisión que ha generado mucha polémica y diversos ataques, que le califican como ‘ley mordaza’ por la manera en que regula y prevé sancionar algunas comunicaciones que se consideren ofensivas.
El borrador fue ofrecido por el Micitt para su discusión pública y no es todavía un proyecto sometido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
El texto declara como objeto establecer “el régimen a que se sujetarán los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre analógicos o digitales, así como la gestión y control del espectro radioeléctrico atribuido a dicho servicio con el objeto de mejorar su calidad; promover y proteger la inversión en el sector y la competencia leal y libre entre los concesionarios, así como reconocer y resguardar el interés público que reviste la actividad de radiodifusión sonora y televisiva en el país”.
Es imperativo que los actores privados y públicos participen de la discusión y lo hagan con altura, buscando el máximo interés público en las comunicaciones vía el espectro radioeléctrico, que necesita ser ordenado y administrado eficientemente, por ser un bien público escaso. Que los intereses económicos y políticos de algunos jugadores no desvíen la atención, atasquen la discusión y atrasen la presentación de un texto mejorado.
Artículo publicado en el periódico El Financiero
