El Gobierno Digital tendría ya 18 años, pero dejó de existir luego de tomar posesión Luis Guillermo Solís. Una de las cosas que hizo el Gobierno Digital fue poner en funcionamiento, en la administración Chinchilla, el sistema de compras Mer-Link. Se había capacitado al personal y todo estaba listo para eliminar los otros sistemas, a todas luces inferiores. El Ministerio de Hacienda, liderado por Helio Fallas, se resistió al cambio. El resultado de dicha confrontación fue que Mer-Link empezó a operar pero con otro nombre: Sicop, el cual, al 13 de setiembre del 2017, de acuerdo con la Contraloría, solo el 35,8 % de las instituciones utilizaban.
Otro sistema de compras, llamado CompraRed, sigue funcionando a pesar de no ser necesario.
El anuncio de un gobierno transparente lleva a suponer un alto grado de digitalización porque no es posible la rendición de cuentas si seguimos haciendo trámites en papel. Gobiernos de otras latitudes han experimentado con la transparencia radical, es decir, un gobierno altamente digitalizado, donde nadie decide si algo se publica o no; todo se publica y en formatos útiles (utilizables por cualquiera).
Es poco sorprendente el aumento en eficiencia debido a la transparencia –a cualquier funcionario le daría pena que se publique que solo ha podido tramitar dos casos en tres meses–, excepto tal vez los car’e barros de clase mundial.
Pero es totalmente falso pensar que con solo digitalizar se logra la transparencia. La digitalización es necesaria, mas no suficiente. CompraRed es un buen ejemplo de ello porque no lleva a la transparencia y, por lo tanto, tampoco genera eficiencia. Incluso puede ser más pernicioso un sistema digital que solo por el hecho de ser digital supone transparencia, que uno totalmente de papeles, donde no se presume nada y todos saben a qué atenerse.
Es necesario, y urgente, que el próximo gobierno sea digital. En casi todos los países existe una agencia de Gobierno Digital y un puesto en el gabinete para la persona encargada de digitalizar el Estado. En Taiwán, lo llaman el ministro digital.
Éxito y fracaso
El Gobierno Digital, mientras estuvo en manos del ICE, fue un éxito. Si el próximo presidente no quisiera ni transparencia ni eficiencia, lo primero que debería hacer es redactar un proyecto de ley para crear una nueva institución, y así garantizaría el fracaso del plan porque, además, si algo sobra en Costa Rica son instituciones.
Como demuestra la experiencia, uno de los desafíos más grandes que afrontan los proyectos del Estado es sobrevivir al cambio de gobierno. Decidir cuáles planes deben ejecutarse puede durar muchos meses. Las licitaciones toman por lo menos un año y la adaptación de los sistemas a la realidad local (regulaciones y leyes) se pueden llevar otro año. Eso deja muy poco tiempo para hacer el roll out que suele incluir entrenar personal, instalar equipos y redes, correr paralelos (reales o simulados), etc. Si hay atrasos en alguna parte del camino, el proyecto estará a medio palo al llegar el próximo cambio de gobierno. Como un chiquito jugando en la autopista.
Ahora bien, la trama se complica bastante cuando, debido a la falta de gobernanza de la tecnología en el Estado, cada quien decide inventar el agua tibia. En lugar de adaptar sistemas que tienen años funcionando en otros lugares, los desarrollan desde cero. Los motivos para este tipo de inventos de agua tibia suelen sustentarse en el costo, el cual, obviamente, es mal calculado porque no se contabiliza el atraso, ni los “problemas de introducción”, que suelen ocurrir durante los primeros meses de funcionamiento de un sistema “hechizo”.
Sin embargo, el costo más importante suele ser tener el código fuente. Desde siempre, las instituciones con acceso al código fuente de sus sistemas encuentran muchos motivos para meterles la mano, al punto de vivir en un constante mantenimiento, lo cual causa serias vulnerabilidades en la seguridad de la información, así como interrupciones del servicio.
Ventaja
Dada la juventud del que sea nuestro próximo presidente (43 años Fabricio y 38 Carlos), es seguro que ninguno intentará perpetuar un gobierno de papel, no solo porque, necesariamente sería opaco e ineficiente, sino porque no podrá alegar ignorancia, como suelen hacer los mayores. Las nuevas generaciones no quieren, no entienden y no aceptan procesos presenciales y en papel. En buena hora.
Es obvio, y claro, que no puede digitalizarse el Estado de la noche a la mañana, sobre todo si se sigue haciendo de la misma manera. Es imperioso dejar de inventar el agua tibia, la conceptualización de los proyectos debe hacerse pensando, primero, en los usuarios (ciudadanos) y, segundo, en resultados rápidos. Evitar el síndrome del “ya que”: ya que vamos a hacer eso, aprovechemos y…
Debe utilizarse un método ágil de contratación (como contrata el ICE con el Estado, por ejemplo) y, sobre todo, los procesos y los proyectos deben ser radicalmente transparentes.
Es muy difícil explicar por qué el sector público de un país que exporta cientos de millones de dólares en tecnología, funciona, o mejor dicho, intenta funcionar, con procesos de papel. Especialmente porque el papel es la mejor manera de mantener opacidad y la opacidad es la mejor amiga de la corrupción.
Costa Rica merece un gobierno digital que permita la transparencia y la eficiencia necesarias para ganarse la confianza de los ciudadanos. Instituciones con las cuales los ciudadanos podamos interactuar de manera remota e indolora. Trámites y funcionarios que no riñan con el sentido común. Procesos diseñados para facilidad del ciudadano.
Toda la información que no es justificadamente confidencial debe estar disponible para todos, no solo para leer, sino también para utilizar. La información que una institución tiene acerca de un ciudadano debe estar disponible para todas las instituciones que la requieran, en tiempo real.
El más elemental respeto al ciudadano debe hacer inaceptable que le estén solicitando la misma información diferentes instituciones, o incluso departamentos o direcciones de una misma institución.
Lo mejor de todo esto es que es perfectamente realizable y a corto plazo. Tenemos la gente y tenemos la plata. Los ahorros que genera la transparencia pagan el proceso de digitalización muchas veces.
Artículo publico en el periódico La Nación