Hace un año escribí acerca del buen ejemplo que daban la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) al contratar por medio de licitaciones los servicios necesarios para echar a andar la Red Educativa del Bicentenario (REB).
No se trata de conectar los centros educativos a Internet simplemente. La REB conectará escuelas y colegios entre ellos y con el MEP, contará con un centro de seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) para proteger al estudiantado del contenido perjudicial que abunda en Internet y con un centro de operación de la red (NOC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de asegurarse de que el proveedor entregue el servicio tal y como se le contrata.
De febrero a agosto del año pasado, el MEP y la FOD redactaron el cartel. En octubre —cuando el artículo fue publicado—, estaban a punto de abrir las ofertas y efectuar la subasta.
Tanto el modelo de contratación de servicios con acuerdos de calidad, que conlleva sanciones por incumplimiento, como la subasta, son ejemplo para la administración pública en general. Comprar tecnología para luego autoproveerse el servicio está más que demostrado que es una pésima idea; el resultado casi siempre son retrasos, mal servicio y obsolescencia galopante.
A finales del año pasado, la licitación se adjudicó, el perdedor apeló y el contrato fue anulado. Corregidos los problemas, este año se adjudicó de nuevo, y otra vez hubo apelación. De acuerdo con un dictamen reciente, hay que empezar de cero.
El retraso en la adjudicación —que a nadie parece importarle— es, sin embargo, pequeño comparado con los 10 años que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) ha intentado construir la red sin los requisitos solicitados por el MEP (SOC y NOC, por ejemplo).
La subasta a la baja ha permitido obtener excelentes precios según el alcance de la red. El costo del megabit por segundo, incluidos los servicios mencionados, es de $2,99; una ganga si se compara con los $11 y hasta $16 adjudicados por Fonatel sin los servicios.
El costo irá bajando conforme se vayan incorporando nuevos centros educativos, se obtengan mayores economías de escala y la natural disminución de los precios de las telecomunicaciones.
Lo anterior es congruente con los buenos precios que históricamente la FOD ha conseguido para equipar los centros educativos en comparación con otras instituciones, aspecto ampliamente difundido por la prensa en semanas pasadas.
Ahora la Contraloría viene a dar el mal ejemplo, y en vez de valorar toda esta eficiencia y eficacia, en un contexto de «apagón educativo», en el que este tipo de proyectos y colaboraciones son urgentes, prefiere paralizar el programa aduciendo que hay un traslado de competencias esenciales del MEP a la FOD, con lo cual perjudica a 700.000 estudiantes.
Si la administración del contrato de servicio de telecomunicaciones es una competencia esencial del MEP, entonces también debería fabricar sus pupitres, operar su propia imprenta y hasta tender su propia red eléctrica.
La Contraloría alega que el MEP no ha tenido participación en el proceso de definición del proyecto. Me consta que no es cierto, pues formé parte de un grupo asesor («ad honorem») en las primeras etapas de la conceptualización de la red.
Lo cierto es que el MEP y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) participaron en la conceptualización inicial de la red, definieron las especificaciones para la contratación del diseño y quedaron satisfechos con este, según las instrucciones brindadas por ellos. Además, el MEP fue un actor activo en el desarrollo del cartel y del estudio de las ofertas recibidas.
Más sorprendente aún es que la Contraloría, después de haber conocido el proyecto y resuelto repetidamente las diferentes etapas de la contratación desde agosto del año pasado, prefiera tirar por la borda lo logrado hasta ahora y recomiende al MEP mantener el servicio actual, que es caro, lento, obsoleto y deficiente, y no se corresponde con el diseño definido por el MEP y el Micitt para satisfacer con urgencia las genuinas necesidades de los estudiantes.
Durante unos 30 años, la FOD ha contribuido al desarrollo informático de la educación en el país, millones de niños se han beneficiado de su labor. El Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) desarrollado por el MEP y la FOD en conjunto ha marcado la diferencia a favor del recurso humano costarricense. Cuando estudiantes pequeños aprenden a programar, la vida les cambia para siempre: aprenden a pensar de otra manera, su mente es mucho más analítica y creativa.
El Pronie es nuestra arma secreta para la atracción de inversión extranjera, pero requiere las municiones que ofrece la REB. Son urgentes, sobre todo teniendo en cuenta la disrupción ocasionada por la pandemia. Me cuesta entender la razón por la cual la necesidad de 700.000 estudiantes no despierta un sentido de urgencia general.
Comparto que la red educativa deba contener elementos de Conectividad, SOC y NOC, pero se está omitiendo que el resultado de los procesos seguidos hasta la fecha está desaprovechando los recursos ya desarrollados por múltiples operadores, o que esos recursos que faltan por desarrollar se puedan utilizar para llegar a las comunidades que hoy no cuentan con servicio. Por años la FOD y el MEP han intentado que sea el ICE que desarrolle esa red, con resultados ya conocidos de muy bajo avance, ahora se plantea dividir al país en dos grupos, los conectados por FONATEL y los conectados por el MEP, al mejor estilo de como seleccionamos los jugadores en las mejengas del barrio, y eso está implicando en consecuencia dos redes, pues se trata de dos procesos licitatorios diferentes. Tenemos una urgencia de ponernos de acuerdo y optimizar las inversiones, y debemos ser prácticos, sino vamos a seguir por muchos años más buscando lo perfecto que nunca llega.