En un análisis que hice hace como 10 o 15 años, detecté que la brecha digital en realidad se compone de cinco diferentes fuentes: motivos económicos (los ricos tienen más acceso), motivos geográficos (los urbanos tienden a estar mejor conectados), edad (los jóvenes son nativos digitales), tamaño (organizaciones grandes tienen más y mejor tecnología) y existe una quinta brecha entre las entidades estatales y las privadas.
Una institución pública, pequeña, rural, con poco presupuesto y manejada por funcionarios prontos a pensionarse, no tiene muchas posibilidades de cerrar la brecha digital.
La tecnología de información (TI) es, sin duda, el arma más poderosa para mejorar la calidad de los servicios públicos, y reduce, al mismo tiempo, el costo. La TI es también la mejor manera de implementar transparencia (publicando, de ser posible en tiempo real, toda la información pública que no sea secreto de Estado). Sin embargo, la gran mayoría de los registros y procesos del Estado siguen siendo basados en papel.
La aplicación de la TI a los procesos se inició en Costa Rica hace un poco más de 50 años, en el sector público. La gran mayoría del sector privado tuvo que esperar a la reducción de precios de los equipos y a la disponibilidad de aplicaciones empaquetadas antes de empezar a disfrutar de los beneficios en eficiencia que resultan de la aplicación correcta de la tecnología en los procesos.
Interacción
Hoy, las empresas que no utilicen la tecnología sufren una severa desventaja competitiva, pero por más digitalizado que esté el sector privado, siempre tiene que interactuar con el sector público, y en dicha interacción, como en cualquier otra, el nivel de automatización que debe emplear es la de la parte menos automatizada.
Por lo tanto, ciudadanos y empresas, la gran mayoría de las veces, interactuamos con el Estado por medio de papeles. Parece mentiras, pero en pleno siglo XXI hay quienes siguen repitiendo que los “papelitos hablan”.
Sería injusto no reconocer los avances logrados en sistemas de automatización de procesos en el Estado, pero el mundo sigue moviéndose a velocidades cada vez mayores, mientras nosotros necesitamos 20 años para digitalizar los expedientes de salud (sin adherirnos a ningún estándar internacional), el pago electrónico en los buses tardará más de 20 años, los peajes los seguimos pagando en efectivo (excepto cuando hay mucho tráfico, que no se pagan del todo). La recaudación de impuestos municipales se hace por transferencia electrónica y le queda a alguien una tarea monstruosa de empatar (a pie) pagos con contribuyentes.
La factura electrónica, ya casi va a salir, hace solo seis años la están trabajando. La Tributación Directa exige que las declaraciones se hagan en línea, pero los sistemas contables de las empresas no pueden interactuar con el sistema de recaudación (por ejemplo, para reportar pagos a proveedores).
Educación y salud privadas cuentan con registros y expedientes digitales, desde hace años, pero por falta de estándares no pueden interactuar con sus homólogos del sector público. Los expedientes no son de una institución, pública o privada, los expedientes son de los pacientes y los estudiantes, y por lo tanto ellos deberían poder llevarlos y traerlos como mejor les parezca. El dueño de los datos debería poder dar y revocar acceso a sus datos.
Avance vertiginoso
Pero tal vez lo más preocupante es que la brecha va en aumento, no tanto por falta de actividad en el sector público, sino porque el resto del mundo sigue avanzando a velocidad vertiginosa. La computación en la nube sigue siendo incipiente en el Estado, en el mejor de los casos, a pesar de un decreto ejecutivo de hace más de cinco años que daba clara directriz de escoger primero la nube y dar explicaciones detalladas cuando hubiera que seguir comprando tarros.
Las aplicaciones de Internet de la cosas e inteligencia artificial son mínimas, o inexistentes en el Gobierno, sabiendo todos los enormes beneficios que dichas tecnologías aportan. Robótica y vehículos autónomos son probablemente considerados ciencia ficción.
El sector productivo puede estudiar e invertir todo lo que quiera en las últimas tecnologías, pero mientras el Gobierno siga sentado en el lado equivocado de una brecha digital cada vez más amplia, el país como un todo pierde competitividad.
Tecnología pujante
Costa Rica cuenta con una de las industrias de alta tecnología más pujantes de Latinoamérica, pero el efecto no parece permear al sector público. Mientras nuestra industria de software exporta cientos de millones de dólares, el Estado sigue insistiendo en desarrollo interno (inventando el agua tibia).
Mientras el mundo se mueve a la nube de enorme escala (centros de datos de cientos de miles de metros cuadrados, en los que no trabaja nadie), las instituciones públicas (casi todas) elaboran proyectos y procuran presupuestos para construir su propio centro de datos (¿de 500 metros cuadrados?)
Realmente no viene al caso conversar de cómo el Gobierno Digital dejó de existir, o de lo que no sucedió con la agenda digital en este gobierno (si existiera). Lo que si viene al caso es conversar de lo que sucederá en el próximo gobierno.
Por eso el Club de Investigación Tecnológica ha organizado para el próximo 21 de setiembre una mesa redonda-desayuno con candidatos presidenciales en la que discutiremos la utilización de la tecnología en el próximo gobierno.
Creemos que este tema es inmune a las ideologías y por lo tanto tendremos una conversación muy productiva en la que habrá más coincidencias que discrepancias.
Esperamos que los puntos de política pública, de gobernanza y de rendimiento de cuentas (de tecnología), en que se logren coincidencias importantes sean ejecutados en el próximo gobierno, sin el consabido equino atravesado.
Conseguir el apoyo del sector privado debería ser sencillo, dada la ganancia en competitividad implícita.
Artículo publicado en el periódico La Nación
