Durante más de 10 años, la red no avanzó. En febrero del 2020 el MEP designó a la Fundación Omar Dengo (FOD) como unidad ejecutora de una parte de ese proyecto, con el novedoso enfoque de comprar el servicio a largo plazo, en lugar de comprar la red y luego pagar para que le administren el servicio en esa red.
Con un contrato suficientemente largo es posible adquirir lo que se requiere sin efectuar gasto de capital. Al sujetar el servicio a acuerdos por niveles de servicio (con penalidades financieras por incumplimiento), se garantiza que el servicio requerido funcione a cabalidad durante la duración del contrato, eliminando, así, uno de los riesgos más grandes en el sector público: adquirir tecnología que luego no brinda el servicio deseado por un sinnúmero de razones.
Al conectar todos los CE a un SOC-NOC se logran, además, enormes ahorros en ancho de banda internacional, ya que se unifica y controla el acceso al cable submarino, por cuanto la razón de ser de la red no es navegar por internet en busca de entretenimiento; es para consumir contenido educativo —en su mayoría hospedado en los servidores del MEP— y conectar los CE entre sí.
Lo anterior crea posibilidades de intercambio de conocimiento y ambientes de aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profesores de otras zonas del país.
Camino empinado
En la primera etapa, encomendada a la FOD, se iban a conectar 20.048 CE —un poco menos de la mitad— en beneficio de unos 790.000 estudiantes (un 73% de la población).
Conectando 300 escuelas y colegios al mes, como era la intención, se habría alcanzado la meta en menos de un año a partir de la contratación del proveedor.
Habría permitido al MEP poner a funcionar sistemas para el intercambio de información en tiempo real para la toma de decisiones, para la gestión del aprendizaje y para la matrícula, así como la automatización de los procesos administrativos y los expedientes de estudiantes y docentes.
En agosto del 2020 se publicó el cartel de licitación para contratar el servicio durante 15 años, bajo la modalidad de subasta a la baja, en el cual los posibles proveedores ofrecen el servicio —con todos los requerimientos y penalidades— por un monto al mes. Después de varias pujas, el más barato es el ganador.
En setiembre del 2020, el ICE presentó una objeción al cartel ante la Contraloría. En diciembre se adjudicó la licitación al ICE, la cual fue apelada por Ufinet. La Contraloría resolvió la apelación en marzo y anuló el proceso.
Va de nuevo
Pocas semanas después se publicó de nuevo el cartel. El nuevo cartel también fue objetado. Una vez resueltas las objeciones se adjudicó en julio del 2021, esta vez a Ufinet. De nuevo, los demás oferentes apelaron, la Contraloría resolvió en octubre y se le ordenó a la FOD adjudicar tomando en consideración los elementos contenidos en la resolución.
Pero pocos días después, la Contraloría ordenó suspender la ejecución del acuerdo firmado entre el MEP y la FOD en febrero del 2020 por considerar que el MEP no debe delegar funciones tan esenciales.
El resultado de esta novela de terror es totalmente contrario al interés público. El sistema educativo se quedó sin conectividad para renovarse, la Contraloría ordenó a las autoridades del MEP que hicieran el trabajo ellas solas.
Dado que el MEP cuenta con el diseño de la red y el cartel de licitación, sería lógico pensar que sencillamente publicarían el cartel y seguirían con el proyecto. Pero el modelo innovador, que no requiere gasto de capital, ya que la mensualidad de la nueva red se paga con menos dinero del que actualmente se desembolsa por conexiones separadas de tecnología obsoleta, obliga a tener un pequeño grupo de técnicos expertos que administren el contrato.
No es descabellado pensar que los perfiles de los funcionarios requeridos para hacer algo novedoso son, o muy escasos, o no existen.
Duro golpe
En octubre del 2020, poco antes de la primera adjudicación de la Red Educativa, escribí acerca del buen ejemplo que dio la FOD con el modelo innovador de comprar un servicio en lugar de comprar tecnología, detallando niveles de servicio y penalidades por incumplimiento, además de la subasta a la baja que ha demostrado producir ahorros sustanciales.
Un año después escribí acerca del mal ejemplo que dio la Contraloría que, tras resolver varias objeciones y dos apelaciones, durante más de un año, de un concurso tan urgente para el país, decidió detener todo el proceso.
Tal parece que en Costa Rica pesa más la legalidad que el interés público. Si nosotros, el público, no estamos de acuerdo, ¡salados! Estamos igual que antes de empezar, no existe red con control del contenido, son conexiones en su enorme mayoría de cobre o de coaxial, con velocidades bajas en ambas direcciones, pero, sobre todo, las velocidades de subida son tan lentas que se tornan inútiles para algo tan básico como una videoconferencia.
No existe, ni se puede ejecutar el expediente educativo. No existe gestión del aprendizaje, no existe matrícula en línea, etc. La lista de lo que no existe es muy larga, y no se puede hacer porque no hay red.
La lista de los procesos basados en papel y hojas de cálculo es demasiado larga. El obstáculo que estos levantan a la modernización de la educación es obvio y formidable.
La Contraloría no solo asestó un tremendo golpe al MEP y a la FOD, se lo asestó a la población estudiantil que depende de la educación pública.
